“El equipo de gobierno de Ibi responsabiliza al Gobierno Central de los incidentes que puedan causar los grupos extremistas”, reza el título de un documento difundido ayer tarde desde el PP de Ibi en previsión de que finalmente la Subdelegación del Gobierno no desautorice e impida la celebración de una manifestación ultraderechista y de carácter xenófoba convocada para mañana, sábado, por Alianza Nacional en Ibi.
A la hora de la difusión del citado documento, la Subdelegación del Gobierno no había hecho llegar al Ayuntamiento de Ibi respuesta alguna a las peticiones de que se impida la celebración de un acto que pudiera representar peligro para personas y bienes habida cuenta de los antecedentes de los convocantes en este tipo de actos, y de que se esté organizando una contra-manifestación para el mismo día y hora por parte de grupos antifascistas.
El Gobierno local ha reiterado a la subdelegada del Gobierno el Alicante, Encarna Llinares, su petición de que “se desautorice inmediatamente tal manifestación convocada por Alianza Nacional, y autorizada por su organismo y hacemos responsable personalmente a la subdelegada del Gobierno, de los incidentes y enfrentamientos que puedan producirse el sábado en el municipio si no prohíbe la manifestación convocada por el partido neonazi Alianza Nacional (AN)”.
La postura del Gobierno local, al que el grupo municipal socialista achaca de falta de diligencia en las gestiones para frenar la celebración de la manifestación xenófoba, se centra en responsabilizar “a la única autoridad competente en autorizar o no” de las posibles consecuencias “habiéndose negado la subdelegación del gobierno inicialmente a prohibir la manifestación, alegando que se trata de un derecho constitucional”.
A propósito de lo manifestado por otros grupos políticos en las últimas horas a este respecto, el PP ha querido “tachar de ridículas las acusaciones de los grupos políticos de la oposición de Ibi, donde se responsabiliza a la señora alcaldesa de la autorización de la manifestación, cuando a su vez reconocen que la ha autorizado la Subdelegación del Gobierno y no la alcaldesa, y reconocen a su vez el derecho legítimo de manifestación de este grupo”.
En la imagen Encarna Llinares, subdelegada del Gobierno en Alicante, durante un acto reciente.
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