UPyD organiza una Jornada para reivindicar la Ley de Dependencia.
La organización Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la comarca de l’Alcoià ha anunciado la organización de la “I Jornada en Defensa de la Ley de Dependencia” que tendrá lugar el próximo 11 de diciembre. Este día, a partir de las siete y media de la tarde, Carmen Insa y Juan Bueno, portavoces de la Plataforma por la Defensa de la Ley de Dependencia, el abogado Luis Miguel Mullo, y el coordinador comarcal de UPyD, Rafael Adrián, expondrán sus ponencias en el acto que se celebrará a partir de esa hora (según los organizadores concluirá a las 21:30 horas), en el salón de actos del colegio mayor Ovidi Montllor de Alcoy, sito en la calle San Juan de Ribera número 11, junto al recinto ferial.
Con este motivo, Rafael Adrian, Coordinador de UPyD en L’Alcoiá, el Comtat, y la Foia de Castalla (en la foto), ha difundido el siguiente ARTÍCULO de OPINIÓN:
“La Ley de la Dependencia cumple dos años; su incumplimiento también.
Si resides en Navarra tienes seis veces más posibilidades de acogerte a sus prestaciones que si lo haces en la CCAA Valenciana
A pesar de tratarse de una ley bienintencionada, que persigue convertirse en la herramienta que consolide el cuarto pilar del estado de bienestar, esta ley que reconoce un nuevo derecho subjetivo de ciudadanía presenta importantes errores tanto en la concepción de la misma como en su aplicación; por lo que se hace necesario corregir sus fallos para evitar que se convierta en una ley “dependiente crónica” de recursos para su aplicación, o lo que es peor, en una ley generadora de mayores desigualdades entre territorios.
El 14 de Diciembre del año 2006 se promulgó la Ley de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Una Ley necesaria e imprescindible para más de un millón de ciudadanos y para sus familias, una ley que, directa o indirectamente, más pronto o más tarde, nos afectara a la mayoría de nosotros. Pero no ha hecho falta esperar que transcurran estos años para darnos cuenta del fracaso en su aplicación .La principal condición para que la aplicación de la Ley fuera posible era, y es, la coordinación y colaboración entre las distintas administraciones; Estatal, Autonómica y Local. El principal problema de esta Ley es que quien la promulga, el Estado, no tiene las competencias para aplicarla.
Por desgracia, y como era de esperar, esa colaboración y coordinación entre administraciones ha brillado por su ausencia, cuando no han sido sustituidas por el más descarado enfrentamiento y consabido cruce de acusaciones entre ellas; Y todo ello en el vergonzoso marco de las corruptelas generalizadas, donde el argumento supremo es ¡ Y tú más!
Y era de esperar porque si hay algo de lo que los españoles podamos sentirnos seguros a día de hoy es que los enfrentamientos partidistas, los enfrentamientos entre los gobiernos central y autonómicos, y entre estos y los locales impregnan nuestra vida política y la envenenan hasta extremos insoportables.
El enfrentamiento constante, y en todos los ámbitos, entre los dos principales partidos, PP y PSOE, y el provecho que de ahí sacan los pequeños partidos nacionalistas, siempre arrimando el ascua a su sardina, que no a los ciudadanos de a pie, hará que esta Ley y cualquier otra que necesite coordinación y colaboración entre administraciones fracase.
Es evidente que algunos gobiernos autonómicos, como el valenciano, están poniendo trabas y más trabas al desarrollo de la Ley, con el argumento de que la Administración Central no traspasa los fondos para su financiación, pero esta excusa sólo es posible plantearla en un sistema autonómico como el nuestro, donde las autonomías han llegado a suplantar a la Administración Central, hasta el punto de que éste no cuenta ya ni con mecanismos de fiscalización sobre los recursos y la gestión de la Comunidades Autonómicas, convertidas ya en reinos pedigüeños de taifas sin control.
Y desde luego podemos repartir las culpas entre unos y otros porque todos tienen su parte de responsabilidad, pero lo que nos parece innegable es que la responsabilidad última del cumplimiento de una ley de ámbito nacional como esta, la tiene el Gobierno y la Administración Central; ¿quién si no tiene la obligación de garantizar su cumplimiento en todo el territorio y en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, residan donde residan? Y ninguna de ambas cosas se está produciendo. Ni el Gobierno ni la Administración Central tienen la voluntad, ni siquiera los medios, para garantizar su aplicación ni solventar las desigualdades existentes entre los personas dependientes de distintas comunidades autonómicas.
El gobierno del Sr. Zapatero, desde que está el poder (y los gobiernos del PP cuando lo han tenido), no está teniendo ningún escrúpulo en pactar lo que sea, con quien sea, con tal de mantenerse en el poder; Así el trasvase ininterrumpido de competencias y fondos, según los apoyos parlamentarios necesarios, ha ocasionado que, a día de hoy, el Estado esté incapacitado para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos.
Y ante la refriega partidista de los que debieran estar a nuestro servicio, los ciudadanos estamos obligados a exigir que se nos apliquen los derechos que ya, desde hace años, tenemos reconocidos. Aunque, claro, esto depende también, y mucho, de en qué parte de España residamos.
En la I Jornada sobre la Ley de Dependencia que Unión, Progreso y Democracia va a organizar en Alcoy el próximo 11 de diciembre, expondremos una serie de propuestas cuyo objetivo es impulsar medidas para que la Ley se aplique a todos y por igual”.
Rafael Adrian Serrano, Coordinador Comarcal de UPyD.
