El PP trata de justificar su intento de quebrantar la inviolabilidad del domicilio.
El Partido Popular de Ibi ha difundido un comunicado en el que señala que el ayuntamiento “tiene que acudir al Juez para poder inspeccionar las obras del domicilio de EU, José Vicente Verdú” señalando que “hasta en tres ocasiones se impidió el acceso de los técnicos municipales”.
La noticia divulgada por el Partido Popular de Ibi explica que, finalmente, después de obtener la preceptiva orden judicial, “técnicos municipales, acompañados de agentes de la Policía Local pudieron acceder a la casa de campo donde reside habitualmente el concejal de EU, José Vicente Verdú”, aunque obvia la presencia de un operador de vídeo contratado por el PP también acudió a la “cita”.
Los populares explican que se trata de una vista programada “aleatoriamente” y que así se a hecho con anterioridad en otros domicilios de otros tantos vecinos de la localidad de “Ibi que han realizado mejoras en sus domicilios”. El PP argumenta que “mientras lo normal es que los vecinos no pongan impedimentos a estas inspecciones, el edil de EU había impedido hasta la fecha que los técnicos del Ayuntamiento pudiesen realizar su trabajo”. No obstante, cabe recordar que dentro de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española se encuentra el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Recogido en el artículo 18.2 de la Carta Magna en el que se dice que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Por otra parte, el concejal de EU señala que “se trata de una caseta cuya titular es mi esposa, no yo”.
Verdú considera que “se trata evidentemente de una persecución política” y ha manifestado su indignación al apreciar que “el procedimiento seguido es totalmente irregular y que mi esposa, que es la realmente afectada, se encargará de ejercer las acciones judiciales que correspondan para defender sus intereses”. El edil asegura que “en ningún momento nadie ha impedido la inspección, sino que mi esposa se ha limitado a exigir que las actuaciones se lleven a cabo con absoluta legalidad, pues la ley dispone que para entrar en un domicilio particular siempre es necesaria una autorización judicial. Por consiguiente, la presencia de la policía municipal fue totalmente innecesaria y los funcionarios municipales no encontraron ningún obstáculo a su trabajo”. En sus manifestaciones Verdú no ha escondido su sorpresa por el hecho de que a la puerta de la parcela estuviese una persona, contratada por el Partido Popular, provista de cámara de vídeo, “lo que demuestra que ha existido una filtración interesada de datos que, se supone, deberían ser confidenciales”, dice.
El Partido Popular de Ibi ha difundido un comunicado en el que señala que el ayuntamiento “tiene que acudir al Juez para poder inspeccionar las obras del domicilio de EU, José Vicente Verdú” señalando que “hasta en tres ocasiones se impidió el acceso de los técnicos municipales”.
La noticia divulgada por el Partido Popular de Ibi explica que, finalmente, después de obtener la preceptiva orden judicial, “técnicos municipales, acompañados de agentes de la Policía Local pudieron acceder a la casa de campo donde reside habitualmente el concejal de EU, José Vicente Verdú”, aunque obvia la presencia de un operador de vídeo contratado por el PP también acudió a la “cita”.
Los populares explican que se trata de una vista programada “aleatoriamente” y que así se a hecho con anterioridad en otros domicilios de otros tantos vecinos de la localidad de “Ibi que han realizado mejoras en sus domicilios”. El PP argumenta que “mientras lo normal es que los vecinos no pongan impedimentos a estas inspecciones, el edil de EU había impedido hasta la fecha que los técnicos del Ayuntamiento pudiesen realizar su trabajo”. No obstante, cabe recordar que dentro de los derechos fundamentales recogidos por la Constitución Española se encuentra el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Recogido en el artículo 18.2 de la Carta Magna en el que se dice que “el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Por otra parte, el concejal de EU señala que “se trata de una caseta cuya titular es mi esposa, no yo”.
Verdú considera que “se trata evidentemente de una persecución política” y ha manifestado su indignación al apreciar que “el procedimiento seguido es totalmente irregular y que mi esposa, que es la realmente afectada, se encargará de ejercer las acciones judiciales que correspondan para defender sus intereses”. El edil asegura que “en ningún momento nadie ha impedido la inspección, sino que mi esposa se ha limitado a exigir que las actuaciones se lleven a cabo con absoluta legalidad, pues la ley dispone que para entrar en un domicilio particular siempre es necesaria una autorización judicial. Por consiguiente, la presencia de la policía municipal fue totalmente innecesaria y los funcionarios municipales no encontraron ningún obstáculo a su trabajo”. En sus manifestaciones Verdú no ha escondido su sorpresa por el hecho de que a la puerta de la parcela estuviese una persona, contratada por el Partido Popular, provista de cámara de vídeo, “lo que demuestra que ha existido una filtración interesada de datos que, se supone, deberían ser confidenciales”, dice.
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